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Bachiller Loyola (1974), Economia (Unphu,1980-Ms Ohio State,1989), Derecho (UTE, 2018). Experiencia laboral en bancos múltiples (BHD, Reservas, Global, Activo); Entidades Reguladoras (Banco Central, Superintendencia de Valores); Consultor, investigador y editor económico en entidades públicas, asociaciones empresariales y centros de investigación (Ministerio de Hacienda, Dirección General Crédito Público, Ministerio Relaciones Exteriores, ANJE, UNE y Fundación Economía y Desarrollo; Articulista prensa nacional (Hoy, El Siglo, Listín Diario y Acento).

jueves, 1 de noviembre de 2012

Hacienda historia contemporánea. Artículo en Acento.com.do


Hace diez años, la Secretaría de Finanzas tenía que solicitar al Banco Central, vía epistolar, las informaciones sobre la deuda externa del Sector Público.  Para la  interna bancaria, los registros del Reservas tenían fe pública sobre las cuotas, moras y capital de los préstamos de las entidades estatales.  Un componente de riesgo por incumplimiento en el saldo del capital se sumaba a la tasa de descuento de su emisión de bonos internos, no obstante el decente desempeño en el pago del cupón de intereses y la promesa legal para liquidar balances fiscales a vencimiento.  Cajas de expedientes sobre nuevas deudas administrativas se acumulaban en un cuarto pequeño, escasamente iluminado por un bombillo con zócalo de cadenita.  Ahí quedaban a la espera de que avanzaran los trabajos de inspección y auditoría de la deuda documentada para fines de pago con  los bonos de la Ley 104-99, actividad bien estructurada y coordinada por una comisión creada para esos fines.


Con las reformas impulsadas por el Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI), se empezaron a corregir esas debilidades de gestión en las operaciones de deuda del gobierno, a la par con otras iniciativas para transformar los procedimientos presupuestarios, contables y tesorería de los fondos públicos.  Entré al programa como consultor nacional en crédito público, después de un simpático evento de chequeo de referencia que contaré al final, en el momento que se hacían aprestos para tener registros informáticos de los préstamos del gobierno con el Banco de Reservas.  De esa entidad se recibía un reporte impreso, que en el Departamento de Crédito Público llamaban “el librasco”, con detalles del estatus de los préstamos por instituciones que permitían verificar manualmente la solicitud de cobro mensual.  Se estaban digitando en hojas electrónicas los créditos y empezando a probar un programa de contabilidad de empresas, con la finalidad de hacer una conciliación más eficiente y facilidades de reportes internos.

Como faltaba un buen tipo para adquirir el SIGADE, solución informática  estándar para oficinas de deuda pública, presté mi auxilio con el Access, un programa de base de datos de Microsoft que se incluye en las versiones profesionales de Office. Esta aplicación, despreciada por programadores e ingenieros de sistemas profesionales, la encuentro bastante útil, fácil de aprender y por años la he usado en múltiples tareas con un nivel de dificultad similar a ése problema en mano.  Para eliminar la digitación, solicitamos al Reservas la remisión de la cartera de crédito pública en un archivo plano, que cargamos a la base en una tabla con la misma estructura y nombres de campos del sistema del banco.  Con las tasas y plazos pude generar las tablas de amortización por préstamo y diseñe formularios y reportes novedosos que permitieron evaluar las características y requerimientos de esa deuda. Eliminada de esta forma la asimetría de información, dos beneficios inmediatos: a) una conciliación de pagos que resultó favorable para Finanzas en unos RD$5.5 millones y b) datos precisos para solicitar una renegociación de los términos y condiciones del portafolio.

Magín Díaz, subsecretario, María Felisa Gutiérrez, Directora del Programa, y los principales consultores internacionales, Ricardo Gutiérrez y José Piñeiro, confirmaron con los reportes su apreciación sobre la dispersión de las tasas de interés, el margen con la representativa del sistema para clientes preferenciales y casos de compromisos de pagos incompatibles con las asignaciones presupuestarias para algunas entidades.  La situación era consistente con un esquema donde las instituciones se endeudaban por cuenta propia, obligando al banco a evaluarlas individualmente por su comportamiento de pago anterior y la estimación intuitiva sobre la efectividad del vínculo presupuestario en lograr las asignaciones en futuras cuotas, alegada por el administrador de la entidad solicitante.   La sentencia de muerte para ese esquema estaba ya escrita en los lineamientos del programa que apuntaban, en corto plazo, a que la Secretaría de Finanzas se convertiría en el responsable de la autorización, además de garante del pago, de la deuda interna bancaria.

En reuniones con los mismos datos y el estandarte que anunciaba los nuevos tiempos, las reuniones con la Dirección Gubernamental de Banreservas, representada por Marianela Bautista, fueron exitosas.  Se pagaron atrasos, se condonaron algunas moras y se estableció un calendario gradual para la reducción de tasas a niveles mutuamente favorables.  Años más tarde, esta renegociación llamó la atención a los analistas de la Fitch Ratings, la primera vez que el Reservas contrataba a esa firma para recibir una calificación.  Preguntaron si ese episodio obedeció a presiones del gobierno y si las condiciones fueron impuestas arbitrariamente en su calidad de dueño del banco, como han visto pasar en otros países.  Testigo y participante activo en ese proceso, les conté bien la historia y quedaron complacidos con ese ejemplo de respeto mutuo que, por experiencia y lo que me cuentan, ha normado esas relaciones.

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