La aclaración aritmética no detendrá al actual recaudador, ni al próximo, en los afanes para seguir persiguiendo rentas imponibles. Demandas por bienes públicos que no cesan, y con fundamento constitucional, lo obligan a ser un acosador para que individuos y empresas cumplan con las obligaciones tributarias. De hecho, lo que aquí se está cuestionando es la vía para obtener la información de lo que las empresas perciben por intereses financieros. Respetar el “secreto bancario” le impedirá a la DGII conocer los datos a través de los bancos, no enviar pelotones de inspectores a presentarse, sin avisar, a revisar registros contables directamente en las empresas. El debate es sobre un método para financiar un estado sobredimensionado, no sobre principios sobre el tamaño y pertinencia de sus amplias funciones. Y, como todos los partidos lucen estar contentos con el actual organigrama público, por ahí no encontrarán respiro.
Cabe destacar que obligar a ser agente de retención es una de las formas de trabajo involuntario que el gobierno impone a los ciudadanos, de la misma naturaleza que medidas como el servicio militar obligatorio. En los Estados Unidos fue una medida de excepción, prevista con carácter temporal, que se impuso durante la Segunda Guerra Mundial, para aumentar las recaudaciones. La eliminación del “secreto salarial” fue protestada por empresarios que temían que se convirtiera en una norma perpetua, que les imponía costos y atentaba contra las libertades del individuo (Rothbard, “The Libertarian Manifesto”). Para las caminatas por principios, propongo esta camiseta.
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